APROMAR presenta la solicitud de nulidad de la Orden Ministerial que cuantifica el canon de ocupación del dominio público marítimo-terrestre

Cádiz.- Cádiz.- Ayer martes la Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos (APROMAR) ha presentado ante el Ministerio de Medio Ambiente un recurso solicitando la declaración de nulidad de la Orden de 30 de octubre de 1992 que determina la cuantía del canon de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, así como de los actos administrativos dictados en aplicación de esta.
La decisión de solicitar la revisión de oficio de la Orden Ministerial fue tomada en una Asamblea General de APROMAR mantenida en Valencia el pasado mes de febrero, a partir de las conclusiones de un dictamen encargado al experto en derecho administrativo y catedrático de la Universidad de Sevilla D. Alfonso Pérez Moreno. Este jurista, tras estudiar toda la legislación afectada y la aplicación que se está haciendo de este apartado de la Ley de Costas, concluyó que la Orden está viciada de nulidad. Plantea el Sr. Pérez Moreno incluso la posibilidad de exigir responsabilidad patrimonial a la Administración por los daños causados y por sufrir una situación de inseguridad e inconstitucional que rompe los principios de justicia tributaria, igualdad, equivalencia y proporcionalidad.
El sector de los cultivos marinos no pretende con esta acción la supresión del canon, sino su adecuación a la realidad y a las circunstancias de esta actividad. En estos momentos se está exigiendo, por ejemplo a las instalaciones de cría de peces en jaulas localizadas en mar abierto, a varias millas de la costa, el pago anual del 8% de sus beneficios brutos, como simple “alquiler” de la parcela de mar. Y en el caso de que la empresa no tenga beneficios, o que sean inferiores al 20% de la inversión realizada, se les cobra el 8% de esa proporción de la inversión (20%).
Esta cantidad, teniendo en cuenta la inexistencia de aprovechamiento de infraestructura alguna construida por la administración en esa localización, y la dureza del medio que implica costosas instalaciones, es a todas luces exagerada y lastra la rentabilidad de las empresas, les resta competitividad frente a productores de otros países y pone en riesgo el desarrollo de los cultivos marinos en España.
Las empresas de cultivos marinos, a través de APROMAR, han mostrado en todo momento una actitud dialogante y de búsqueda de soluciones, pero no han recibido respuesta adecuada desde la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente. Por ello han decidido reivindicar activamente sus derechos. La administración cuenta ahora con seis meses para contestar a esta solicitud.
La acuicultura es la actividad económica primaria con más futuro de las costas españolas y que mejor se integra en el medio ambiente. En España se producen 23.000 toneladas de dorada, rodaballo, lubina, anguila, besugo y corvina. Y a nivel mundial la producción en acuicultura equivale ya al 40% de la pesca extractiva. En 25 años prácticamente la totalidad de los pescados de consumo provendrán de la acuicultura, y España tiene la capacidad de ser uno de los principales productores.
Además, la acuicultura, tal y como se realiza en España, pone en el mercado pescados seguros, sanos, y frescos. No afecta negativamente a su entorno y contribuye a la vez al equilibrio de los mares.