APROMAR presenta un recurso contencioso administrativo contra el Mº de Medio Ambiente por el canon de ocupación

APROMAR ha presentado el pasado jueves ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso administrativo por el canon de ocupación del dominio público marítimo-terrestre que se aplica a las instalaciones de acuicultura marina.
La acuicultura marina es uno de los sectores económicos de más rápido crecimiento en nuestro país en la última década. Contribuye de forma cada vez más importante al desarrollo socio-económico y a la creación de empleo tradicional de zonas costeras. Su producción de pescados, moluscos y crustáceos reduce la importación de productos pesqueros y el déficit en comercio exterior que conlleva, recibiendo por todo ello la consideración de sector estratégico por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Además, la acuicultura marina es una actividad respetuosa con el entorno y medioambientalmente sostenible que contribuye al equilibrio de los mares.
Por otra parte, esta actividad debe realizarse por su naturaleza, total o en parte, en el dominio público marítimo-terrestre (dpm-t) no existiendo la posibilidad de traslado a otro tipo de área. La Ley de Costas (Ley 22/1988), que dictamina el pago de un canon por la ocupación de los bienes del dpm-t, y la Orden Ministerial de 30 de octubre de 1992 por la que se determina la cuantía del canon de ocupación y aprovechamiento del dpm-t, fueron aprobadas cuando la acuicultura marina era aun incipiente y no se previeron las implicaciones sobre su futuro desarrollo. Por este motivo la aplicación del canon de ocupación a las instalaciones de acuicultura ha respondido a criterios personales y negociaciones. El resultado han sido cánones elevadísimos y desproporcionados, soluciones provisionales, una agraviante dispersión en las cuantías entre diferentes Demarcaciones de Costas, mucha incertidumbre y la aplicación, en general, de fórmulas de cálculo desincentivadoras para la realización de acuicultura marina.
Los productores de acuicultura no ponemos en duda el devengo de un canon por la ocupación del dpm-t, pero sí que su cuantificación actual no se ajusta a derecho. La cuantificación que viene realizando en los últimos años la Dirección General de Costas (DG-Costas) del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) está resultando en un lastre insostenible que no solo está frenando el potencial de esta actividad, sino poniendo en duda la viabilidad económica de las empresas y mermando la competitividad de las instalaciones españolas frente a las de países vecinos.


APROMAR es la organización empresarial nacional que representa a la práctica totalidad de los productores de pescados de acuicultura marina de España. Como asociación representativa solicitó ante el MMA el 12 de abril de 2004 la declaración de nulidad de la Orden de 30 de octubre de 1992 del Ministerio de Obras Públicas y Transportes por la que se determina la cuantía del canon de ocupación y aprovechamiento del dpm-t, así como de los actos dictados en aplicación de la misma, no habiendo hasta la fecha respuesta oficial a esta solicitud.
Desde el mes de julio de 2004 APROMAR viene manteniendo conversaciones con la Subdirección General de Dominio Público de la DG-Costas para buscar una solución a este grave problema. La DG-Costas se ha manifestado desde un principio como conocedora de lo irregular de la situación y con voluntad de buscarle una solución. Las negociaciones se han desarrollado durante más de un año y se mantienen a día de hoy. Sin embargo, a medida que pasan las fechas y se reduce el tiempo disponible y la capacidad de negociación y maniobra, se va haciendo cada vez más evidente que el único objetivo de la DG-Costas es resolver SU PROBLEMA LEGAL, es decir, la inconstitucionalidad del actual sistema de cuantificación; pero que NO PRETENDE RESOLVER EL PROBLEMA DE LOS ACUICULTORES, que es además alcanzar un canon proporcionado en cuantía con la naturaleza de la actividad y su asimilación con otros usuarios del mar territorial.
Por estos motivos APROMAR ha presentado un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional. Mediante este acto APROMAR pretende que el poder judicial se pronuncie sobre la ilegalidad del actual sistema de cuantificación del canon y exigir a partir de ahí a la Administración su responsabilidad patrimonial por la aplicación continuada de un reglamento nulo de pleno derecho. Esta acción no supone el cese de las negociaciones por parte de APROMAR, que se mantendrá en la mesa de negociación con la misma voluntad de dialogo y colaboración que ha ofrecido desde su inicio.
Esta iniciativa presentada por APROMAR cuenta con el apoyo del resto de las organizaciones de acuicultura españolas, entre las que destacan la Organización de Productores Mejilloneros de Galicia (OPMEGA), la Organización Nacional de Productores de Ostras y Almejas (ONPROA), la Organización de Productores de Moluscos de Andalucía (ERYTHEIA), así como de la Organización de Productores Piscicultores (OPP)