El canon de ocupación del dominio público exigido a los cultivos marinos no es legal

Cádiz.- Las empresas de cultivos marinos de toda España, reunidas en Valencia el pasado 11 de febrero, han decidido solicitar la revisión de oficio de la Orden Ministerial de 30 de octubre de 1992 por la que se que regula el canon de ocupación del dominio público marítimo-terrestre al considerar que está viciada de nulidad, e incluso exigir responsabilidad patrimonial a la Administración por los daños causados y por sufrir una situación inconstitucional de desigualdad e inseguridad.
A estas conclusiones sobre la legalidad del canon ha llegado el experto en derecho administrativo y catedrático de la Universidad de Sevilla D. Alfonso Pérez Moreno a quien APROMAR encargó la elaboración de un dictamen sobre la actual aplicación del canon de ocupación del dominio público marítimo-terrestre por parte de la Dirección General de Costas (Ministerio de Medio Ambiente).
D. Alfonso Pérez explicó a los empresarios reunidos en Valencia que el marco legislativo en el que se apoya la Dirección General de Costas para determinar la cuantía del canon de ocupación a las empresas de acuicultura es inconstitucional y rompe los principios de justicia tributaria, igualdad, equivalencia y proporcionalidad. Por tanto, y según detalla el dictamen, el Ministerio de Medio Ambiente debe reconsiderar la cuantificación actual del canon.
La Ley de Costas de 1988 ni siquiera contemplaba la posibilidad de que empresas de acuicultura solicitaran concesiones para ocupar parcelas del mar territorial a varias millas de la costa. Hoy en día, en que la tecnología permite la instalación de estructuras de cultivo en mar abierto, la Dirección General de Costas les exige el pago de cantidades de dinero que multiplican por diez a las que obliga a otras actividades, a pesar del elevado coste de las instalaciones y del riesgo frente a temporales.
Los cultivos marinos son una actividad de inicios recientes y con gran potencial, que en lugar de ser apoyada expresamente viene sufriendo todo tipo de inconvenientes, barreras y atropellos, que están frenando su desarrollo y por los que las empresas españolas se están viendo adelantadas por las de los países de su entorno, que acaban exportando sus productos a España, país importador neto de pescado.
Las empresas de cultivos marinos, a través de su asociación APROMAR, han mostrado en todo momento una actitud dialogante y de búsqueda de soluciones, pero no han recibido respuesta adecuada desde el Ministerio de Medio Ambiente. En concreto llevan desde octubre esperando una reunión que han solicitado con la ministra Doña Elvira Rodríguez y de la que no han recibido noticia alguna. El sector ha decidido por ello, y ante la falta de respuesta a sus demandas, reivindicar activamente sus derechos.
La acuicultura es la actividad económica primaria de las costas españolas con más futuro y que mejor se integra en el medio ambiente. En España se producen 23.000 toneladas de dorada, rodaballo, lubina, anguila, besugo y corvina. Y a nivel mundial la producción en acuicultura equivale ya al 40% de la pesca extractiva. En 25 años prácticamente la totalidad de los pescados de consumo provendrán de la acuicultura, y España tiene la capacidad de ser uno de los principales productores.